La violencia del narco atenaza Culiacán

Cuerpos de personas ejecutadas y carteles de búsqueda de desaparecidos se han vuelto una escena frecuente en Culiacán, mientras la violencia vinculada a los cárteles persiste pese al refuerzo de despliegues federales y estatales y a una nueva estrategia gubernamental centrada en la desescalada y la inteligencia más que en la confrontación militar directa, según autoridades y vecinos.

Habitantes reportan ejecuciones diarias, desapariciones y un clima generalizado de miedo: en la ciudad se registran en promedio entre cuatro y cinco homicidios y alrededor de 18 robos de vehículos al día, de acuerdo con un dirigente cívico local. Nueve de cada diez residentes dicen sentirse inseguros; muchos comercios cierran temprano, las familias limitan sus desplazamientos y la vida pública se reduce en medio de tiroteos recurrentes y demostraciones visibles de violencia. Grupos armados operarían abiertamente —instalando retenes, persiguiendo a rivales y dejando cuerpos en espacios públicos—, mientras periodistas y organizaciones de derechos humanos advierten que el subregistro y el temor a represalias ocultan el verdadero alcance de la violencia.

Las autoridades señalan detenciones, decomisos y patrullajes reforzados como prueba de acción, y sostienen que la estrategia federal busca evitar operativos que detonen choques más amplios. Sin embargo, residentes y analistas cuestionan si ese enfoque logrará reducir la violencia en Culiacán, al afirmar que las fuerzas de seguridad suelen llegar después de los hechos y no logran prevenir ataques recurrentes. El gobierno atribuye la reciente escalada en la guerra del narcotráfico en Sinaloa al secuestro de un líder criminal en 2024, pero los conflictos y las disputas internas entre facciones se han prolongado por más de un año.

Los impactos humanitarios y sociales son severos: las familias de las víctimas reciben apoyo limitado, el desgaste psicológico es generalizado y algunos hogares han optado por reubicarse o enviar a parientes fuera de la ciudad. Grupos cívicos y líderes comunitarios piden mayor protección a la población civil, comunicación transparente, fortalecimiento de la policía local, mecanismos de justicia eficaces y programas sociales que atiendan las causas de fondo del delito. Analistas advierten que los despliegues de tropas por sí solos difícilmente traerán seguridad duradera sin reformas que restituyan la confianza pública y desmantelen la impunidad.

Mientras continúan los operativos de seguridad, los residentes sostienen que la presencia visible de fuerzas no ha detenido los asesinatos ni ha devuelto la normalidad, dejando las calles de Culiacán marcadas por la violencia y la incertidumbre, y sembrando dudas sobre la eficacia de las tácticas actuales para frenar la violencia del crimen organizado en Sinaloa.