Enfrentamientos estallan por recortes de combustible en Bolivia

Las tensiones se intensificaron en La Paz cuando miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), incluidos mineros y trabajadores fabriles, chocaron con la policía durante protestas que exigían la derogación de un decreto gubernamental que puso fin a los subsidios a los combustibles y provocó fuertes alzas en las tarifas de transporte y en los precios de bienes básicos. Las fuerzas de seguridad cerraron los accesos a la Plaza Murillo, donde se encuentran el palacio presidencial y el Congreso, mientras cientos de manifestantes intentaban ingresar a la zona restringida. La policía disparó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, mientras unidades antidisturbios se enfrentaron a protestantes que arrojaron piedras, encendieron petardos y detonaron pequeñas cargas de dinamita, tácticas habituales en protestas mineras.

Las autoridades informaron de múltiples heridos y al menos dos detenidos, entre ellos cuatro policías lesionados. Testigos describieron calles cubiertas de humo y explosiones que resonaban por la ciudad a medida que los choques se extendían por varias cuadras ya afectadas por bloqueos y grupos rivales. Pese a una invitación del gobierno a dialogar, la COB mantuvo las movilizaciones; su secretario ejecutivo aceptó acudir a conversaciones tras consultar a sus bases regionales, pero afirmó que las protestas alrededor de edificios gubernamentales continuarían.

El malestar se centra en la decisión del Ejecutivo de recortar los subsidios a los combustibles, una medida fiscal que las autoridades justifican como necesaria para aliviar las finanzas públicas y frenar el contrabando transfronterizo. Dirigentes sindicales y mineros sostienen que la política eleva bruscamente los costos de transporte y producción, amenaza los medios de vida en comunidades mineras y agrava condiciones ya precarias. Aseguran que el aumento del combustible se traduce directamente en alimentos y servicios más caros y acusan al gobierno de sacrificar el bienestar de la clase trabajadora por metas fiscales.

El gobierno del presidente Luis Arce defendió la reforma como un paso impopular pero imprescindible para estabilizar la economía, al tiempo que condenó el uso de explosivos y la violencia. Funcionarios advirtieron que no tolerarán ataques al orden público y acusaron a algunos grupos de instrumentalizar las quejas económicas con fines políticos. Las fuerzas de seguridad reforzaron su presencia en puntos clave y mantuvieron cordones para impedir nuevos intentos de acercarse al palacio presidencial y al Legislativo.

Analistas recordaron la larga historia de movimientos laborales poderosos en Bolivia —con los mineros como actores centrales en episodios de cambio político— y señalaron que los enfrentamientos reflejan tensiones sociales más profundas mientras el gobierno equilibra reformas económicas con el creciente enojo por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Las protestas actuales se suman a un patrón más amplio de movilizaciones sectoriales que desafían a la administración por el costo de vida.