Estados demandan a Trump por fondos para cargadores de vehículos eléctricos

El fiscal general de California, Rob Bonta, y una coalición de 16 estados han demandado a la administración Trump para exigir la liberación de miles de millones de dólares en fondos federales destinados a la infraestructura de carga para vehículos eléctricos (VE) bajo la Ley Bipartidista de Infraestructura. La demanda impugna la decisión del gobierno de suspender los desembolsos después de que el presidente Trump emitiera una orden ejecutiva en su primer día en el cargo instruyendo a las agencias a detener los fondos vinculados a programas que describió como relacionados con el “Green New Deal”. Los abogados estatales sostienen que la pausa bloquea ilegalmente dinero aprobado por el Congreso para construir y reparar cargadores de VE en autopistas y en comunidades desatendidas, socavando los esfuerzos para reducir emisiones, expandir el transporte limpio y proteger empleos ligados a la transición verde.

California afirma que la suspensión pone en riesgo proyectos ya en desarrollo o bajo contrato, creando incertidumbre para gobiernos locales, empresas de servicios públicos y firmas privadas que se preparan para instalar estaciones de carga. Funcionarios argumentan que los fondos son esenciales para cumplir los objetivos climáticos estatales y apoyar la aceleración de la adopción de vehículos eléctricos, y acusan a la administración de politizar los recursos de infraestructura. La demanda pide a un tribunal federal que ordene restablecer los fondos y evite nuevas interrupciones que podrían retrasar planes de inversión a nivel nacional.

La administración defiende su decisión como una revisión legal para asegurar que el gasto se alinee con las prioridades y normas federales, y sostiene que la pausa es necesaria para reevaluar si los incentivos a los VE distorsionan los mercados o perjudican a los sectores energéticos tradicionales. Funcionarios han señalado un giro más amplio de política para alejarse de medidas que favorecen a los vehículos eléctricos, incluyendo la reversión de normas de emisiones y subsidios adoptados por administraciones anteriores.

Analistas legales señalan que el litigio podría sentar precedentes importantes para las relaciones entre el gobierno federal y los estados, así como para la durabilidad de las políticas climáticas y de transporte cuando cambian las prioridades del poder ejecutivo. La acción legal de California continúa un patrón de desafíos estatales a administraciones republicanas en materia de regulación ambiental; los tribunales se han convertido con frecuencia en el espacio para resolver estas disputas. Otros estados y organizaciones ambientales observan de cerca y podrían sumarse al desafío, que podría determinar no solo el futuro del programa de cargadores de VE, sino también hasta qué punto los estados pueden impulsar medidas climáticas ambiciosas de forma independiente ante cambios en la dirección federal.