Manifestación en Argentina defiende avances en derechos

Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y familiares de víctimas de la represión estatal se concentraron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y protestar contra lo que consideran políticas del gobierno del presidente Javier Milei que ponen en riesgo décadas de avances en justicia, memoria y protección social. La movilización reunió a figuras destacadas como Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, quien alertó sobre una creciente inestabilidad global y violaciones del derecho internacional.

Miles de personas colmaron la plaza frente a la Casa Rosada con pancartas y fotografías de los desaparecidos, coreando consignas contra recortes presupuestarios, reestructuraciones institucionales y discursos que calificaron de “negacionistas”, y que, según afirmaron, erosionan las normas de derechos humanos establecidas tras la dictadura de 1976–1983. Los organizadores sostuvieron que las reducciones de fondos y los cambios administrativos propuestos podrían debilitar a los organismos encargados de investigar abusos del pasado y preservar la memoria histórica, socavando la rendición de cuentas por los crímenes del régimen militar.

Los oradores denunciaron recortes a programas sociales, servicios de salud y educación, señalando que las medidas de austeridad afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables y amenazan protecciones conquistadas tras años de lucha de la sociedad civil. Los manifestantes subrayaron que la estabilización económica no debe lograrse a costa de derechos fundamentales y advirtieron que normalizar retrocesos en el gasto social profundizará la desigualdad y la exclusión. Los sindicatos presentes también protestaron contra cambios más amplios en el mercado laboral y en la política social, vinculando la agenda del gobierno con riesgos para los derechos de los trabajadores y las protecciones colectivas.

El gobierno de Milei defiende sus reformas como respuestas necesarias a la grave crisis económica de Argentina, marcada por alta inflación, déficits fiscales y reservas en caída, y afirma que la austeridad y la reestructuración institucional buscan restaurar la confianza, reducir el gasto público y modernizar el Estado. Aliados oficiales calificaron las protestas de políticamente motivadas y sostuvieron que las reformas no apuntan a los derechos humanos, sino a eliminar ineficiencias y privilegios en el sector público.

Los organizadores evocaron la historia de la Plaza de Mayo como epicentro de la resistencia cívica, en particular las marchas semanales de las Madres durante la dictadura, y presentaron la movilización como parte de una continuidad de vigilancia frente a los abusos de poder. Las organizaciones de derechos humanos anunciaron que recurrirán a vías legales y a la movilización sostenida para oponerse a medidas que consideran inconstitucionales o contrarias a compromisos internacionales.