Protestas en México desatan choques

Miles de jóvenes mexicanos salieron a las calles bajo el lema “Generación Z” para denunciar la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades, en un movimiento que se extendió por varias ciudades tras el asesinato público del alcalde de Uruapan. Aunque la mayoría de las marchas se desarrollaron de manera pacífica, en Ciudad de México un grupo reducido avanzó hacia el Palacio Nacional, derribó vallas metálicas y lanzó objetos contra la policía, lo que provocó que las fuerzas de seguridad respondieran con gases lacrimógenos. El gobierno informó que alrededor de 100 policías resultaron heridos —40 de ellos trasladados a hospitales— y que unos 20 civiles sufrieron lesiones durante los enfrentamientos. También se registraron 20 detenciones y otras 20 personas fueron remitidas por faltas administrativas, en medio de acusaciones de agresiones contra periodistas por parte de algunos agentes.

Los organizadores insistieron en que el movimiento es apartidista y refleja el hartazgo juvenil frente a la violencia y al abuso de poder. Sin embargo, autoridades federales cuestionaron el origen de las movilizaciones y sugirieron que sectores opositores podrían estar impulsando su difusión en redes sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia, afirmó que el gobierno respeta el derecho a manifestarse y pidió a los inconformes mantenerse al margen de provocadores que, según dijo, buscan aprovechar el descontento.

La indignación que detonó las protestas surgió tras el asesinato del alcalde de Uruapan durante un acto público, un hecho que avivó la preocupación en regiones afectadas desde hace años por grupos criminales y disputas territoriales. Analistas advierten que los choques en la capital podrían complicar el mensaje central de Generación Z, dificultando su capacidad de consolidarse como un movimiento nacional y planteando un desafío político para el gobierno, que debe equilibrar la defensa de la libre expresión con la obligación de esclarecer las agresiones, investigar eventuales abusos policiales y responder a las exigencias de seguridad ciudadana.