Guatemala declara estado de sitio

El presidente de Guatemala declaró un estado de sitio de 30 días tras un fin de semana de violencia coordinada vinculada a pandillas, relacionada con disturbios en cárceles y ataques de represalia que dejaron varios agentes de policía muertos y muchos heridos. Las fuerzas de seguridad recuperaron el control de varias prisiones de hombres donde los reclusos habían tomado como rehenes a decenas de guardias; las autoridades afirman que los disturbios fueron impulsados por la pandilla Barrio 18, que presionaba por privilegios para sus miembros encarcelados. El gobierno informó que al menos siete policías murieron y diez resultaron heridos en los ataques que siguieron a la restitución de la custodia del líder de Barrio 18, Aldo Duppie, conocido como El Lobo.
Las autoridades presentaron el estado de sitio como una medida focalizada para desmantelar redes criminales organizadas y reafirmar la autoridad del Estado, subrayando que se concentrará en combatir a las pandillas y no en restringir la movilidad cotidiana de los civiles. No obstante, el decreto amplía temporalmente las facultades de las fuerzas de seguridad, permitiendo un mayor uso de retenes, registros y despliegues rápidos junto a la policía para prevenir nuevos ataques y asegurar los centros penitenciarios. Las autoridades educativas suspendieron las clases a nivel nacional por motivos de seguridad mientras continúan las operaciones.
Los disturbios incluyeron incidentes coordinados dentro de instalaciones hacinadas —incendios, daños a la infraestructura y toma de rehenes— así como emboscadas armadas contra unidades policiales en varias regiones. Portavoces del gobierno atribuyeron los brotes a la coordinación insurgente desde el interior de las prisiones y prometieron intensificar las acciones para aislar a los líderes de las pandillas y restablecer el orden en el sistema penitenciario y en las comunidades afectadas.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron contra tácticas excesivas y pidieron a las autoridades garantizar la proporcionalidad, proteger a los civiles y respetar las salvaguardas legales en el contexto de las facultades ampliadas. Alertaron que medidas de emergencia anteriores en el país han estado asociadas en ocasiones con abusos, y reclamaron supervisión transparente de las operaciones de seguridad y rendición de cuentas ante posibles excesos.
La reacción pública fue diversa: muchos residentes de las zonas más golpeadas por la actividad de las pandillas acogieron con satisfacción medidas contundentes para reducir la violencia, mientras que críticos y defensores de las libertades civiles exigieron límites claros y mecanismos de control del estado de sitio.