Protestas estallan mientras Nicolás Maduro comparece ante un tribunal en Manhattan
Una multitud se congregó frente al tribunal federal de Manhattan mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro enfrentaba cargos en Estados Unidos tras ser capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York. Simpatizantes se manifestaron para exigir su liberación inmediata, denunciando la detención como un “secuestro”, un “teatro político” y un acto ilegal de agresión estadounidense que, advirtieron, podría desestabilizar a Venezuela y a la región. Oradores en la protesta calificaron el proceso judicial de ilegítimo y presentaron a Maduro como un defensor de la soberanía frente a la injerencia extranjera, alertando que estas acciones podrían provocar una mayor agitación en América Latina.
Maduro se declaró no culpable ante el tribunal federal de cuatro cargos, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; su esposa, Cilia Flores, también se declaró no culpable. Los fiscales estadounidenses alegan que Maduro dirigió una operación transnacional de tráfico de cocaína que colaboró con grupos criminales violentos, incluidos los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, disidentes de las FARC en Colombia y la banda venezolana Tren de Aragua, acusaciones que Maduro ha negado reiteradamente, calificándolas como un pretexto para apoderarse de la riqueza petrolera de Venezuela. Se programó una audiencia de seguimiento para el 17 de marzo.
Las medidas de seguridad alrededor del tribunal se reforzaron, con la policía levantando barricadas y aumentando la presencia de agentes para gestionar un ambiente tenso en el que manifestantes pro-Maduro y opositores a su gobierno se enfrentaron verbalmente. Las autoridades trabajaron para separar a los grupos rivales y evitar enfrentamientos. Mientras algunos manifestantes celebraron la acción de Estados Unidos como un paso necesario contra la presunta corrupción y criminalidad en Caracas, otros la condenaron como una intervención ilegal y una peligrosa escalada de la influencia estadounidense en el hemisferio.
Las protestas pusieron de relieve profundas divisiones dentro de las comunidades de la diáspora venezolana y entre círculos activistas en Estados Unidos sobre la legalidad y las implicaciones de la operación estadounidense. Los simpatizantes argumentaron que detener a un jefe de Estado en funciones viola las normas internacionales y podría provocar inestabilidad regional, mientras que los críticos de Maduro señalaron los cargos penales y las acusaciones de larga data de corrupción y abusos de derechos humanos bajo su gobierno. Observadores advirtieron que el caso podría generar repercusiones diplomáticas y mayores tensiones entre Estados Unidos y gobiernos aliados o afines en América Latina.
A medida que avance el proceso legal, la atención se centrará en los desarrollos en los tribunales, las posibles respuestas diplomáticas de Caracas y de Estados aliados, y las consecuencias políticas internas en Venezuela. La reacción pública polarizada en Nueva York reflejó un debate global más amplio sobre intervención, rendición de cuentas y los límites de la soberanía estatal cuando las acusaciones penales involucran a líderes nacionales en ejercicio.



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