Perú quema casi nueve toneladas de drogas

Perú incineró 8,8 toneladas de drogas incautadas en la capital en lo que las autoridades describieron como la sexta y última quema del año. La operación, realizada en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) en Ate, fue supervisada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y contó con la participación de fiscales, peritos forenses, policías y representantes internacionales, incluido un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, informó el Ministerio del Interior.
Imágenes difundidas por el ministerio mostraron a trabajadores pesando sacos de narcóticos, personal forense realizando pruebas químicas y al ministro verificando los resultados antes de introducir los cargamentos en el incinerador. La cartera indicó que los 8.818,97 kilos destruidos elevaron el total incinerado en 2025 a 55,6 toneladas, de las cuales más del 70% correspondían a sustancias de tipo cocaína. Las incautaciones que dieron lugar a la destrucción se realizaron a lo largo del año en operativos de la Policía Nacional en múltiples regiones —incluidas zonas selváticas donde se concentra el cultivo de coca— así como en puertos y rutas de tránsito.
Las autoridades señalaron que cada etapa de la incineración fue registrada y monitoreada para garantizar la transparencia y evitar la desviación de evidencias; los lotes destruidos ya habían sido presentados ante los tribunales o no eran necesarios para procesos en curso. Enmarcaron la operación como resultado de acciones coordinadas entre la policía, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas, con apoyo internacional, y la describieron como un golpe tanto simbólico como material a las redes criminales al retirar grandes cantidades de droga y privar a los traficantes de ingresos.
El balance oficial también destacó el refuerzo de las medidas de control durante el año, incluidas la vigilancia aérea, patrullajes fluviales y operaciones conjuntas con países vecinos para combatir el tráfico transfronterizo. Aun así, las autoridades reconocieron que la producción y el contrabando siguen siendo grandes desafíos, ya que los grupos criminales se adaptan cambiando rutas, explotando terrenos remotos y utilizando métodos cada vez más sofisticados para evadir la detección.
El gobierno reiteró su compromiso con una estrategia integral que combine la aplicación de la ley con programas de desarrollo alternativo para ofrecer medios de vida legales a las comunidades vinculadas al cultivo de coca. Añadió que, aunque se cerró el ciclo anual de destrucciones, las incineraciones y otras medidas continuarán el próximo año como parte de los esfuerzos permanentes contra el narcotráfico y sus impactos sociales y económicos.