Protestas frenan el recuento en Honduras

Las protestas bloquearon un recuento manual programado de las papeletas de las disputadas elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras, después de que manifestantes se congregaran frente al Instituto Nacional de Formación Profesional e impidieran que los trabajadores electorales iniciaran la revisión. Cientos de simpatizantes de partidos rivales quemaron neumáticos, ondearon banderas y acusaron a las autoridades de fraude e injerencia extranjera, mientras algunos exigían la anulación de la votación y un recuento manual total. Los manifestantes dijeron que el proceso de escrutinio sufrió amenazas, fallas técnicas y procedimientos poco transparentes; el expresidente Mel Zelaya instó a los seguidores del partido LIBRE a exigir un recuento manual de cada papeleta.
El recuento especial paralizado apuntaba a cerca del 15% de las actas —cientos de miles de votos— señaladas por inconsistencias que podrían alterar la posición de los dos punteros. Los resultados preliminares muestran al conservador Nasry Asfura al frente con 40.54% y al centroderechista Salvador Nasralla detrás con 39.19%, una diferencia de unos 43,000 votos; la candidata del partido gobernante, Rixi Moncada, se ubica tercera con 19.29%. Funcionarios advirtieron que las actas impugnadas bajo revisión podrían invertir las posiciones de Asfura y Nasralla.
Aunque la votación del día de las elecciones fue en gran medida tranquila, el escrutinio posterior ha estado marcado por confusión y conflictos, incluidos fallos del sistema, retrasos en los reportes y disputas partidistas. Manifestantes y dirigentes políticos sostuvieron que el recuento carece de credibilidad y exigieron mayor transparencia y observación internacional; algunos pidieron la renuncia de autoridades electorales. Las autoridades intentaron asegurar los centros de conteo y dijeron que el recuento busca resolver quejas presentadas por varios partidos, pero reconocieron que las interrupciones han ralentizado el proceso.
La disputa electoral ha atraído atención internacional y acusaciones de interferencia externa, con actores políticos señalando influencias extranjeras como un factor que complica el proceso. Grupos empresariales y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que una incertidumbre prolongada podría dañar la frágil economía y ahuyentar inversiones, mientras que observadores de derechos humanos pidieron contención ante el temor de que la escalada retórica pueda detonar violencia. Las autoridades electorales reiteraron su compromiso de completar la verificación, pero admitieron que reconstruir la confianza pública será tan difícil como concluir el recuento.