Ecuador exige justicia por niños asesinados

Manifestantes marcharon en Guayaquil para exigir justicia en el caso de cuatro niños que desaparecieron hace un año y luego fueron hallados quemados y baleados cerca de una base militar, una tragedia que ha intensificado el escrutinio sobre las fuerzas de seguridad de Ecuador y la violencia creciente en el país. Las víctimas —Steven Medina, Nehemías Arboleda y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años— desaparecieron en Las Malvinas tras salir a jugar fútbol y fueron encontrados días después en las cercanías de la instalación militar de Taura, lo que provocó indignación nacional y protestas impulsadas por las familias.

Familiares y simpatizantes llevaron pequeños ataúdes de cartón y fotografías mientras exigían rendición de cuentas y respuestas claras sobre lo ocurrido. Señalan que el año transcurrido desde las desapariciones ha estado marcado por un proceso judicial lento y lleno de retrasos. La Fiscalía imputó a 16 militares y posteriormente añadió a un coronel; en total, 17 sospechosos fueron llamados a juicio y los alegatos finales están en curso. Pese a estos avances, familiares y organizaciones de derechos humanos siguen insatisfechos con el ritmo y la transparencia de las investigaciones.

El caso ha generado atención y condena internacional. Un informe de Amnistía Internacional publicado en septiembre, “Son soldados, yo los vi”, detalla denuncias de desapariciones forzadas vinculadas a la estrategia de seguridad cada vez más militarizada bajo el presidente Daniel Noboa, afirmando que este entorno ha permitido abusos, incluida la desaparición de diez personas —entre ellas los cuatro niños. El informe y la reacción pública han intensificado los cuestionamientos sobre la relación entre operaciones estatales de seguridad y abusos, y sobre la supervisión de la actividad militar en zonas afectadas por la violencia de pandillas.

Familias y activistas sostienen que los asesinatos reflejan patrones más amplios de impunidad y el deterioro de la seguridad pública en un país que registra niveles récord de violencia, con reiterados estados de excepción y despliegues militares para enfrentar a grupos criminales que controlan rutas del narcotráfico e influyen en cárceles y comunidades. Afirman que estas medidas no han protegido adecuadamente a la población vulnerable y pueden haber difuminado los límites entre acción militar, aplicación de la ley y daño extrajudicial.

En las conmemoraciones, los familiares exigieron resultados judiciales concretos más allá de muestras de solidaridad, pidiendo transparencia sobre quién detuvo a los niños, por qué fueron llevados a la base militar y quién ordenó los asesinatos. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que las fallas institucionales no resueltas y los retrasos prolongados pueden profundizar la desconfianza en el Estado y normalizar la violencia en las zonas afectadas.