Expulsiones israelíes condenadas como crímenes de guerra

Human Rights Watch afirmó que la expulsión de unas treinta y dos mil personas palestinas de Jenin, Tulkarm y el campo de Nur Shams durante la operación “Iron Wall” a inicios de dos mil veinticinco constituye crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y pidió medidas internacionales urgentes para detener los abusos y responsabilizar a los funcionarios implicados. En un informe de ciento cinco páginas, la organización concluyó que residentes fueron forzados a abandonar sus hogares entre enero y febrero, se les prohibió regresar y quedaron sin refugio ni asistencia mientras cientos de casas eran demolidas. HRW analizó imágenes satelitales, órdenes de demolición, vídeos verificados y entrevistas a desplazados, estimando más de ochocientas cincuenta estructuras destruidas o gravemente dañadas; una evaluación de la ONU situó el total en mil cuatrocientas sesenta.

El informe describe soldados entrando y registrando viviendas, usando altavoces montados en drones para ordenar la evacuación, y excavadoras derribando casas mientras la población huía. Las familias desplazadas se hacinaron en casas de parientes o buscaron refugio en mezquitas, escuelas y organizaciones benéficas, afrontando graves carencias de alimentos, medicinas y artículos básicos. HRW sostuvo que las expulsiones violan los Convenios de Ginebra, que prohíben el desplazamiento forzoso en territorio ocupado salvo por razones militares imperativas y de carácter temporal, y pidió procesar a altos cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad. También calificó las expulsiones como parte de crímenes de apartheid y persecución, y las describió como limpieza étnica en el uso común del término.

Portavoces militares israelíes dijeron que las demoliciones eran necesarias para impedir el uso de infraestructura civil por parte de militantes, pero no indicaron cuándo podrían regresar los residentes. Israel sostiene que Cisjordania es territorio disputado, invoca argumentos históricos y de seguridad y afirma que sus operaciones se dirigen contra elementos terroristas; la mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos.

HRW enmarca las expulsiones en una escalada más amplia en Cisjordania desde los ataques de Hamás de octubre de dos mil veintitrés, alegando cerca de mil muertes palestinas, más detenciones administrativas, más demoliciones de viviendas, mayor ritmo de construcción de asentamientos y un repunte de la violencia de colonos y abusos contra detenidos. La ONU registró en octubre el número más alto de ataques de colonos desde que comenzó el monitoreo.

La organización pidió a los gobiernos imponer sanciones selectivas a funcionarios y mandos israelíes, suspender ventas de armas y beneficios comerciales, prohibir productos de asentamientos y aplicar órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional. Exigió pasos inmediatos para permitir el retorno, proveer ayuda a la población desplazada, realizar investigaciones independientes y garantizar la rendición de cuentas para evitar nuevas violaciones.